Los Gestores Administrativos rechazan el Impuesto de Patrimonio y piden una reforma estructural de los impuestos con el objetivo de fomentar la creación de empleo y reactivaría la economía

Madrid, 20 de septiembre de 2011. Los Gestores Administrativos de España consideran que la recuperación del pago del Impuesto de Patrimonio, que aprobó el Ejecutivo el 16 de septiembre, supone un error y es injusto. Alfonso Lluzar, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, estima que es fruto de la improvisación del Gobierno y considera esencial llevar a cabo una reforma estructural de los impuestos que beneficie la creación de empleo y recuperación económica. También destacó la conveniencia de pactar una armonización fiscal, tanto estatal como europea, para que la tributación sea carácter global.

Lluzar considera que la aplicación del Impuesto de Patrimonio tendrá un efecto negativo, puesto que ahondará en las diferencias que existen entre las Comunidades Autónomas en materia tributaria. “No es normal que siendo el mismo país, se pague de diferente modo dependiendo de si vives en un sitio u otro” dijo. “Deben aplicarlo todas las Comunidades Autónomas por igual”, sentenció.

También se refirió a la incidencia que puede tener en la deslocalización de las inversiones: “sería lógico que las empresas se instalarán en aquellas comunidades y países que fiscalmente les son más favorables”, continúo. Esta impresión la hizo extensiva a toda Europa.

Alfonso Lluzar también se refirió a las propuestas de liquidación por IVA e IRPF, que la Agencia Tributaria, principalmente en Valladolid y Málaga, ha hecho a profesionales que son socios de sociedades, en las que califica como rendimientos de actividades económicas los ingresos declarados como rendimientos del trabajo, sin ningún tipo de investigación previa. Lluzar apuntó que es otro ejemplo de la inseguridad que crea a los contribuyentes el no legislar de forma previsible.

En la rueda de prensa los Gestores Administrativos presentaron las siguientes propuestas:

- Incrementar la seguridad jurídica de contribuyentes y de sus representantes:

- Evitando actuaciones administrativas puntuales que generan confusión, una sensación de falta de coordinación interpretativa y un grave perjuicio para los afectados.

- Estableciendo un canal de información mutua permanente entre la Administración y los colectivos profesionales especializados en el asesoramiento tributario y en la representación de contribuyentes, al objeto de facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y la corrección de errores sin imposición automática de sanciones, lo que redundaría también en el aumento de la calidad de las declaraciones y autoliquidaciones y la disminución de la litigiosidad tributaria.

- Reforzando la emisión de Informes, Consultas o Recomendaciones de carácter general, de aplicación también generalizada, completos y claros, tras la publicación de normas o la adopción de procedimientos, que dejen pocos resquicios a dudas, interpretaciones y controversias.

- Reforzar las funciones del Foro de Profesionales Tributarios de la AEAT para que sus acuerdos sean operativos y ejecutivos con inmediatez.

Potenciar las fórmulas de colaboración permanente entre los colectivos profesionales y la AEAT, como mejor fórmula de contribuir, a la vez, a la reducción del gasto público, al equilibrio presupuestario en un escenario de austeridad, y a la reducción de los costes indirectos de todo tipo asociados al cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos por parte de los contribuyentes.