Comentario

Diario La Verdad de Alicante

Los profesionales y la reforma de las Administraciones

Fecha: 13.09.11

Autor: FRANCISCO CANDELA DURÁ

Estamos plenamente de acuerdo con el objetivo incluido en la exposición de motivos del recientemente aprobado RDL 9/2011, de 19 de agosto (BOE del 20) de medidas fiscales -entre otras medidas- declaradas urgentes: «El actual contexto económico en que nos movemos, hace necesario que las políticas públicas se orienten más que nunca hacia escenarios de austeridad y racionalidad del gasto, que permitan el mantenimiento de un adecuado nivel de los servicios públicos sin menoscabo de sus componentes de equidad y calidad».

El debate parlamentario, convocado y celebrado con inmediatez, en sesión extraordinaria del 23 de agosto ha puesto de manifiesto por parte de la totalidad de grupos representados en el Congreso de los Diputados, la necesidad de controlar el gasto público, de realizar reformas estructurales y no meramente coyunturales, de evitar duplicidades en las competencias de las diversas Administraciones Públicas y, con ello, reducir ineficiencias e ineficacias administrativas, de optimizar la gestión pública, de aprovechar las nuevas tecnologías y, en fin, de lograr un alto grado de complementariedad administrativa en lugar de padecer una suplementariedad burocrática constante, cara, desfasada e improductiva.

Hemos oído en el debate, una y otra vez, una sucesión de términos que están presentes en cualquiera de las recetas que pueden aplicarse al diagnóstico emitido: austeridad, competitividad, productividad, flexibilidad, sostenibilidad, equilibrio, estabilidad, racionalización, simplificación, generosidad, coherencia, innovación, valor añadido, confianza, responsabilidad,... Ahora hay que dotar de contenido real a las palabras y hacer que las propuestas sean capaces de transformar profundamente la realidad.

Seamos realistas y serios: no podemos reducir la cura del enfermo, únicamente, a amortizar las Diputaciones Provinciales, por ejemplo. O a introducir fórmulas de copago por determinados servicios públicos, sin ir más allá. Es necesario algo más profundo, más estructural, menos coyuntural, precisamente. Y para ello no hay que acudir a grandes gastos ni a sesudos estudios: podemos aplicar a grandes males grandes remedios. Pero remedios que ya existen y son posibles, en los ámbitos normativo y tecnológico.

Si a las más grandes empresas con beneficios se les exige en el RDL que comentamos una contribución económica temporal y transitoria (lo que se traduce en un incremento de ingresos públicos), los Colegios Profesionales, como Corporaciones de Derecho Público, como representantes de la Administración Institucional, debemos contribuir, justamente, con la dimensión profesional e institucional que nos caracteriza, con nuestra vocación de servicio público y con la aportación del trabajo de los profesionales que los Colegios agrupamos, lo que se traduce o puede traducir, inmediatamente, en una disminución y control razonable del gasto público.

Utilicemos los instrumentos técnicos que pone en nuestras manos el desarrollo tecnológico, internet, los sistemas de telematización documental.

Utilicemos los instrumentos normativos que prevé la Ley de Administración Electrónica y sus desarrollos normativos, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas autonómicas y locales dictadas o que se dicten al respecto, y el considerable volumen de Acuerdos, Resoluciones e Instrucciones que facilitan la existencia de un nuevo concepto de Administración Pública, unas nuevas formas de interaccionar con ella y unas nuevas formas de interrelacionarse entre los distintos niveles y ámbitos competenciales de las propias Administraciones Públicas.

Los Gestores Administrativos, por nuestro carácter de profesionales especializados en la gestión, tramitación, representación, relación y mediación ante todas las Administraciones Públicas, hemos realizado sistemáticamente (y seguimos haciéndolo) propuestas concretas a todos los niveles de Administración Pública (estatal, autonómica y local) para avanzar definitivamente en un nuevo concepto de Administración Pública, para facilitar las relaciones entre la ciudadanía y los distintos órganos administrativos públicos y para hacer más fluidas, rápidas y económicas las relaciones entre las diversas Administraciones.

Seguimos considerando que es necesario profundizar y extender el diseño de la Red 060 o Red Integrada de Oficinas de Atención al Ciudadano, convirtiéndolo en un auténtico nodo administrativo, en un punto único dotado de amplias competencias de gestión, en la que los Colegios Profesionales, como institución, debemos estar no solo representados sino integrados en los órganos y procedimientos de gestión efectiva. La Resolución que creó esa Red así lo contempla expresamente, aunque a fecha de hoy no se haya llevado a cabo. Este es un buen momento para ello.

Y es un buen momento para replantearse que somos parte de la solución de algunos de los problemas detectados en el funcionamiento de nuestras Administraciones, parte de la necesaria y solidaria contribución al objetivo de austeridad sin menoscabo de la prestación de los servicios públicos, como señala el RDL 9/2011 y tantos otros Planes de Austeridad y control del gasto público aprobados hasta la fecha.

Es un momento óptimo para plantearse seriamente si nuestro concurso y participación en el diseño de un nuevo y menor concepto de Administración Pública -o de Administraciones Públicas, para ser más exactos, con el máximo respeto a las respectivas competencias de todas ellas- exige también un replanteamiento más sereno, más cauto, más realista de la futura Ley de Colegios Profesionales y de los desarrollos normativos de la Ley de Transposición de la Directiva de Servicios a nuestro ordenamiento interior.

Quizás no sea el mejor momento para liberalizar a ultranza el mercado de servicios profesionales, sino, más bien, para apoyarse en las instituciones corporativas colegiales, amparadas y reguladas por el Derecho Público, para salir todos reforzados de esta crisis. Es más, la situación, el escenario y los debates públicos suscitados parece que así lo aconsejan.