Se fomenta el interés general por la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social

Madrid, 30 de marzo de 2010. El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la Ley de Economía Social, que hoy publica el BOE. Un compromiso adoptado por el Gobierno de España al inicio de la presente legislatura, reafirmado por el presidente del Gobierno el 18 de febrero de 2010, y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha elaborado de acuerdo con los representantes de la economía social.

El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que reconozca y visualice la economía social, destacando sus valores sociales, lo que supone reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.

Forman parte de la economía social, las cooperativas en sus distintas modalidades, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades que se rijan por los principios previstos en la Ley.

Otorga un papel especial a la interlocución de las asociaciones que representen a la economía social con los poderes públicos, para trasladar sus demandas y colaborar en el fomento de este sector, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector.

En este ámbito, adquiere un papel relevante el Consejo de Fomento de la Economía Social, como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de fomento de la economía social, y en el que participan representantes de la economía social y miembros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Esta Ley afecta a un conjunto de empresas que generan 2.350.000 empleos directos e indirectos y aportan un 3% al PIB.

La Ley tiene como objetivo básico definir jurídicamente al sector, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que lo conforman, entre ellas las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, las fundaciones y asociaciones. Servirá para reconocer y dar una mayor visibilidad a la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica.

El Congreso de los Diputados aprobó también una serie de enmiendas consensuadas y aprobadas en el Senado, entre ellas una por la que “se aprobará un programa de impulso de las entidades de la economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos”.

Del mismo modo, la ley incluye una disposición transitoria que insta al Gobierno a reformar la Ley de Sociedades Laborales.

El Congreso, por último, rechazó una disposición derogatoria nueva, sobre permisos de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo, al considerar que no era una materia adecuada para esta ley.